La Contraloría General de la República, a través de 32 actuaciones de control fiscal (auditorías de cumplimiento) realizadas en el 2026 a los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) ejecutados en 2025, determinó: 84 hallazgos administrativos, de los cuales 71 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno con presunta incidencia penal y 5 se determinaron para indagación preliminar.

Además, de acuerdo con el organismo, 41 tienen incidencia fiscal por $39.139 millones.

Los resultados fiscales se encuentran asociados a falencias en la ejecución contractual (60%) que corresponden a debilidades en la planeación, información, supervisión y control; sobrecostos (30%) en pagos de manipuladoras de alimentos y en raciones alimentarias y mayores valores pagados (10%).

Ante este panorama, la Contraloría General de la República lamenta las reiteradas situaciones fiscales detectadas en materia de sobrecostos, deficiencias e incumplimientos en el Programa de Alimentación Escolar, ya que comprometen recursos públicos que deberían destinarse a la atención de niños, niñas y adolescentes, especialmente si se tiene en cuenta que aún no se ha alcanzado la cobertura universal del PAE a nivel nacional.

La información oficial del PAE reporta una cobertura de 87% para 2026, es decir que todavía cerca de 1 millón de estudiantes en el país no reciben la alimentación escolar en sus entornos educativos.